SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA — 5 DE NOVIEMBRE DE 2026.
Las autoridades dominicanas continúan investigando las circunstancias de un supuesto plan contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, luego de la d3t3nc1ón de un hombre de 29 años durante una operación desarrollada en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
El investigado fue identificado como Delvinson de la Cruz Sosa, contra quien el Ministerio Público presentó una solicitud de tres meses de prisión preventiva por presuntas infracciones relacionadas con t3rr0r1sm0 y amenazas contra el jefe de Estado.
La investigación ha generado atención debido a que los documentos judiciales mencionan un posible 4t3nt4d0 que supuestamente se desarrollaría el viernes 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución.
Los organismos de inteligencia habían comunicado información sobre posibles amenazas, lo que motivó la solicitud de órdenes judiciales y la realización de varios allanamientos.
Sin embargo, todavía no se ha demostrado que el investigado hubiera preparado un 4t3nt4d0 ni que los materiales encontrados estuvieran destinados a ejecutarlo.
Los nombres de las personas involucradas en el proceso
El expediente identifica a varias personas que han participado en las actuaciones judiciales.
Luis Rodolfo Abinader Corona: presidente de República Dominicana y persona contra quien supuestamente estaban dirigidas las amenazas investigadas.
Delvinson de la Cruz Sosa: ciudadano de 29 años, residente en San Francisco de Macorís, investigado por el Ministerio Público.
Josefina Noemí Díaz Marte: jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que autorizó las diligencias de allanamiento.
Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez: fiscal que participó en la solicitud de las órdenes judiciales.
Pedro Williams Concepción: representante del Ministerio Público vinculado a las diligencias investigativas.
Elington Santiago Villar: fiscal que también figura entre los responsables de solicitar la autorización judicial.
Estos son los nombres completos que aparecen en la información pública relacionada con las actuaciones.
No se han identificado oficialmente otras personas como participantes del supuesto plan.
Las alertas de inteligencia que originaron el caso
Las autoridades recibieron informaciones sobre presuntas amenazas dirigidas contra el presidente dominicano.
A partir de esas alertas, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para determinar si existían elementos que justificaran una investigación penal.
Los fiscales solicitaron autorización para registrar lugares relacionados con Delvinson de la Cruz Sosa.
La documentación judicial menciona una supuesta planificación vinculada con la conmemoración del Día de la Constitución.
El posible escenario señalado era la sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo.
Sin embargo, las autoridades no han divulgado públicamente el contenido completo de las alertas de inteligencia ni las pruebas que permitirían establecer la existencia de un plan organizado.
El apartamento donde fue detenido
La d3t3nc1ón ocurrió el martes 3 de noviembre durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda.
El inmueble se encuentra en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, San Francisco de Macorís.
El procedimiento fue autorizado judicialmente y ejecutado como parte de las diligencias relacionadas con las presuntas amenazas.
Los agentes ocuparon objetos que posteriormente fueron puestos a disposición de los investigadores.
Hasta el momento, no se ha divulgado una descripción completa de todos los elementos encontrados en el apartamento.
El segundo allanamiento se realizó en una ferretería
El Ministerio Público también intervino la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, en San Francisco de Macorís.
De acuerdo con las informaciones oficiales, Delvinson de la Cruz Sosa trabajaba en ese establecimiento.
Los investigadores buscaban determinar si existían equipos, documentos o materiales que pudieran tener relación con los hechos investigados.
No se ha comunicado que el negocio, sus propietarios o sus demás empleados formen parte de la acusación.
La intervención del establecimiento responde a su relación laboral con el investigado y a las diligencias autorizadas por el tribunal.
Equipos electrónicos y sustancias químicas bajo análisis
Durante los procedimientos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas.
La solicitud de allanamiento contemplaba la búsqueda de teléfonos, computadoras, tabletas, posibles 4rm4s, materiales militares y artefactos 3xpl0s1v0s.
Sin embargo, es importante distinguir entre los objetos que los fiscales estaban autorizados a buscar y aquellos cuya ocupación fue comunicada oficialmente.
Hasta ahora se ha informado sobre dispositivos electrónicos y sustancias químicas.
No se han presentado resultados técnicos definitivos que permitan afirmar que esos materiales constituían un dispositivo peligroso o que estaban destinados a provocar daños.
La investigación deberá establecer su composición, procedencia y posible utilidad dentro del expediente.
La investigación incluye análisis informáticos
La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia colabora con el Ministerio Público.
Su participación permite examinar posibles registros digitales relacionados con las informaciones recibidas.
Los investigadores podrían analizar comunicaciones y archivos recuperados, siempre dentro de los procedimientos legales correspondientes.
El objetivo es determinar si existen evidencias que respalden las sospechas o que permitan descartar determinadas hipótesis.
Hasta esta actualización, las autoridades no han presentado públicamente conclusiones definitivas de los análisis.
El 6 de noviembre aparece como fecha del supuesto plan
Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la fecha mencionada en la autorización judicial.
Los documentos señalan el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando República Dominicana conmemora el aniversario de su primera Constitución.
El expediente menciona el Congreso Nacional como posible escenario.
Sin embargo, las celebraciones tradicionales del Día de la Constitución también tienen una relación histórica con la provincia San Cristóbal, donde fue proclamada la primera Carta Magna dominicana en 1844.
Hasta ahora no se ha confirmado que el mandatario tuviera programada una actividad específica en el lugar mencionado en la investigación.
El presidente participaba en actividades internacionales
Mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, Luis Abinader se encontraba en España para participar en la Cumbre Iberoamericana.
El regreso del mandatario a República Dominicana estaba previsto para el viernes 6 de noviembre.
La investigación sobre las amenazas se conoció mientras el presidente cumplía esa agenda internacional.
No se han divulgado detalles oficiales sobre modificaciones a su seguridad personal relacionadas específicamente con este expediente.
El Ministerio Público presenta acusaciones relacionadas con terrorismo
La Fiscalía atribuye al investigado presuntas infracciones vinculadas con t3rr0r1sm0.
Esa calificación aparece en la solicitud de medida de coerción y constituye parte de la posición del organismo acusador.
Sin embargo, una acusación no equivale a una sentencia.
Para establecer responsabilidad penal, las autoridades deberán presentar pruebas y el tribunal deberá valorar su suficiencia conforme a la legislación dominicana.
También será necesario determinar qué disposiciones legales resultan aplicables a los hechos investigados.
Solicitan tres meses de prisión preventiva
La Fiscalía presentó la solicitud de coerción el miércoles 4 de noviembre.
La petición consiste en que Delvinson de la Cruz Sosa permanezca bajo custodia durante tres meses mientras continúan las investigaciones.
La audiencia fue fijada para las 4:00 de la tarde del jueves 5 de noviembre.
Durante ese procedimiento, el tribunal deberá escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una declaración de culpabilidad.
Hasta la información disponible para esta publicación, no se había confirmado una decisión definitiva sobre la solicitud.
¿Existen otros sospechosos?
Las informaciones oficiales difundidas hasta este momento identifican a Delvinson de la Cruz Sosa como la persona sometida al procedimiento judicial.
No se ha anunciado la d3t3nc1ón de otros ciudadanos por el supuesto plan.
Tampoco se han identificado públicamente posibles colaboradores ni se ha demostrado la existencia de una organización vinculada con las amenazas.
Cualquier información sobre otras personas deberá ser confirmada por las autoridades antes de presentarse como parte del expediente.
Lo que falta por esclarecer
La investigación deberá responder varias preguntas fundamentales.
Entre ellas se encuentran el origen de las presuntas amenazas, la existencia de posibles actos preparatorios y la relación que podrían tener los materiales ocupados con las informaciones recibidas por los organismos de inteligencia.
También será necesario establecer si existió un plan real y concreto o si los hechos investigados corresponden a conductas de otra naturaleza.
Hasta el 5 de noviembre de 2026, lo confirmado es que Delvinson de la Cruz Sosa fue d3t3n1d0, que se realizaron allanamientos en su residencia y lugar de trabajo y que el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva.
El proceso continúa abierto y será la justicia dominicana la encargada de determinar si existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra el investigado.