Frente a las recientes críticas personales en redes sociales, una alta funcionaria del gobierno decidió poner los puntos sobre las íes: su prioridad está clara y no tiene nada que ver con ataques ajenos a su rol institucional.
Durante una conferencia de prensa, reafirmó que su compromiso está enfocado exclusivamente en garantizar la seguridad de la ciudadanía, dejando en segundo plano cualquier comentario fuera del ámbito profesional. Su mensaje fue tajante: la responsabilidad no descansa.
En la misma comparecencia, informó sobre un acuerdo bilateral con El Salvador, diseñado para fortalecer los filtros migratorios mediante el intercambio de datos sobre pandilleros con antecedentes delictivos. Esta medida surge tras una visita oficial junto al ministro de Defensa, cuyo objetivo fue afianzar la vigilancia territorial.
Aunque reconoció los logros del modelo salvadoreño, aclaró que en el país no existen zonas controladas por bandas, y que la línea de trabajo aquí es distinta: orden legal y convivencia.
Cuando fue cuestionada sobre el uso de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción, específicamente una plataforma llamada “María”, reconoció no estar al tanto del funcionamiento de esa herramienta, por lo que prefirió no emitir juicio alguno.
Sin embargo, no dejó de presentar avances concretos en materia de seguridad ciudadana: mencionó una baja significativa en la tasa de homicidios —ahora en 7.87—, así como provincias como Hermanas Mirabal y Santiago Rodríguez que no han reportado casos este año.
También informó sobre una disminución en los robos, una efectividad del 89% en arrestos relacionados con violencia de género y más de 18 mil personas reconducidas en mayo por encontrarse en condición migratoria irregular.
Bajo su dirección, según dijo, las acciones de control y prevención se mantendrán firmes, sin descuidar el respeto a la ley ni a la dignidad humana. Todo esto, según dejó claro, forma parte de una jornada sin pausas. La ministra Faride Raful continúa al frente.