Santo Domingo, República Dominicana. — El abogado y comunicador José Martínez Brito puso sobre la mesa nuevas interrogantes alrededor del expediente relacionado con el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, al analizar la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra cuatro hombres investigados por el hecho ocurrido en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.
Durante su participación en el programa Esto No Es Radio, Martínez Brito examinó parte de los elementos atribuidos al expediente y sostuvo que todavía existen aspectos que deberán ser profundizados por los fiscales.
Uno de los puntos que más llamó su atención fue el destino del dinero y las prendas presuntamente distribuidas después del hecho en el que perdió la v1da Zeneida Socorro Castillo, esposa de Julián Oro Duro.
Los cuatro imputados identificados en el expediente
Las personas sometidas dentro del proceso son Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”; Kevin Dariel Germán Troncoso, conocido como “Kevin”, “Yandel” o “El Capitán”; Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro” o “Michael”; y Juan Carlos Hernández García, conocido como “Peña”.
El Ministerio Público sostiene que los cuatro habrían desempeñado diferentes funciones antes, durante o después de los acontecimientos investigados.
Estas imputaciones corresponden a la teoría preliminar de los fiscales y todavía deberán ser demostradas ante un tribunal.
Brito centra atención en US$19,900 y otras pertenencias
Uno de los aspectos discutidos por José Martínez Brito y el comunicador Ramón Tolentino estuvo relacionado específicamente con Lawrence Mark Liranzo Marcos “Chiquito”.
Durante el análisis del expediente se indicó que la madre del joven presuntamente habría recibido US$19,900 en efectivo, RD$78,000, dos relojes y una cadena.
Brito cuestionó las circunstancias en las que una persona podría recibir una cantidad considerable de efectivo acompañada de prendas sin preguntar o conocer su procedencia.
Su planteamiento, sin embargo, constituye un cuestionamiento del comunicador, no una determinación del Ministerio Público sobre responsabilidad penal de la madre.
Hasta el momento, ella no ha sido presentada públicamente como una de las cuatro imputadas principales del expediente.
¿Sabía de dónde provenían esos bienes?
Esa es precisamente una de las preguntas planteadas durante el programa.
Martínez Brito consideró que las autoridades deberían establecer cuándo fueron entregados el dinero y las prendas, qué explicación habría recibido la madre de Lawrence y qué ocurrió posteriormente con esos bienes.
La simple recepción de dinero u objetos no demuestra por sí sola participación consciente en un hecho delictivo.
Para establecer alguna responsabilidad adicional, los fiscales tendrían que demostrar conocimiento, intención o alguna conducta penalmente relevante.
El reparto del dinero podría ayudar a reconstruir responsabilidades
Brito también consideró importante determinar cómo habría sido distribuido el dinero presuntamente sustraído de la residencia.
Según su análisis, conocer cuánto recibió cada persona podría aportar información adicional para reconstruir las actuaciones posteriores al hecho.
El Ministerio Público sostiene que de la residencia fueron sustraídos aproximadamente US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros objetos de valor.
Las autoridades han informado posteriormente sobre la recuperación de importantes cantidades de dinero en dólares y pesos dominicanos, así como relojes, cadenas y otras pertenencias.
La trazabilidad de esos recursos forma ahora parte de los elementos que deberán ser examinados durante el proceso.
También aparece una posible conexión con España
Otro punto que generó atención durante la conversación fue la mención de una persona que supuestamente se encontraría en España y que podría guardar algún tipo de relación con informaciones surgidas alrededor del caso.
Martínez Brito fue cuidadoso al señalar que este elemento procede de versiones y entrevistas que han circulado públicamente.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que una quinta persona localizada en España haya sido incorporada formalmente como imputada dentro del expediente.
Por tanto, esa posibilidad debe considerarse únicamente una línea que los investigadores podrían confirmar o descartar.
¿Podrían aparecer más personas?
Para Martínez Brito, la solicitud de medida de coerción no necesariamente representa la versión final del caso.
El abogado explicó que el Ministerio Público continúa en una fase investigativa y todavía puede recopilar nuevas evidencias, realizar entrevistas, analizar comunicaciones y reconstruir movimientos anteriores y posteriores al hecho.
Si aparecen elementos que vinculen a otras personas, los fiscales podrían ampliar posteriormente la investigación.
Eso tampoco significa que toda persona mencionada públicamente vaya a convertirse en imputada.
El caso de Julián y Zeneida
La investigación comenzó tras el hecho ocurrido en la residencia de Julián Oro Duro y Zeneida Socorro Castillo, ubicada en Brisa Oriental VI.
Según la teoría del Ministerio Público, Kevin Dariel Germán Troncoso y Lawrence Mark Liranzo Marcos habrían ingresado a la vivienda, mientras que Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García son señalados por presuntos roles vinculados con la planificación y coordinación.
Zeneida perdió la v1da y Julián resultó con importantes l3siones, por las que posteriormente recibió tratamiento hospitalario.
El expediente sostiene además que dinero y prendas fueron retirados de la residencia y posteriormente distribuidos.
Martínez Brito pide mirar más allá de los cuatro imputados
El planteamiento central de José Martínez Brito es que los investigadores deben reconstruir no solamente lo ocurrido dentro de la vivienda, sino también todo lo sucedido posteriormente con el dinero y los objetos.
Para ello considera importante examinar quién recibió bienes, cuánto recibió cada persona, dónde fueron guardados, quién conocía su procedencia y si existieron otras personas que colaboraron antes o después de los acontecimientos.
Esas interrogantes deberán ser respondidas mediante evidencias y no únicamente a partir de comentarios públicos.
Mientras tanto, Lawrence Mark Liranzo Marcos, Kevin Dariel Germán Troncoso, Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García mantienen la presunción de inocencia.
El Ministerio Público continúa recopilando evidencias y será el sistema judicial el encargado de determinar las responsabilidades individuales relacionadas con el caso de Julián Oro Duro y Zeneida Socorro Castillo.
