El 19 de mayo de 2025 marcó un punto decisivo en la política migratoria de Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo autorizó al gobierno del expresidente Donald Trump a proceder con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350,000 venezolanos residentes en el país.
Esta resolución revierte una orden previa emitida por un juez federal, que había frenado la terminación del programa debido al posible “daño irreparable” que podría causar a las personas beneficiadas y sus familias.
El TPS es un mecanismo humanitario que otorga permisos para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a ciudadanos provenientes de naciones afectadas por crisis como conflictos armados o desastres naturales.
Durante las administraciones de Joe Biden en 2021 y 2023, este estatus fue concedido y extendido para venezolanos debido a la grave crisis política y económica que atraviesa Venezuela.
No obstante, en febrero de 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, canceló la extensión del TPS antes de que entrara en vigor, argumentando que los beneficiarios representaban una carga para los recursos locales y un riesgo para la seguridad pública, citando supuestos vínculos con la pandilla Tren de Aragua.
Con la reciente decisión del Tribunal Supremo, el gobierno de Trump puede continuar con la eliminación del TPS para los venezolanos, aunque los procesos legales siguen abiertos en tribunales inferiores.
La Corte no explicó detalladamente su fallo, pero la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en manifestar su disenso de manera pública.
Diversos grupos en defensa de los inmigrantes y algunos legisladores han expresado preocupación ante esta medida, señalando que muchos venezolanos han construido sus vidas en Estados Unidos y que la situación en su país de origen sigue siendo precaria. Además, advierten sobre posibles repercusiones económicas, dado que muchos beneficiarios contribuyen de manera significativa a la economía estadounidense.
Por su parte, la administración de Trump defendió la cancelación del TPS, alegando que mantenerlo no responde al “interés nacional” y que los tribunales no deberían interferir en asuntos urgentes de política migratoria. Además, la Casa Blanca indicó que quienes pierdan este estatus aún podrían explorar otras vías legales para regularizar su situación en el país.
