Más de dos meses después del colapso que convirtió una noche de fiesta en una catástrofe nacional, la investigación sobre lo ocurrido en el centro nocturno Jet Set sigue su curso, aunque bajo un estricto hermetismo.
Así lo afirmó la fiscal del Distrito Nacional, quien sostuvo que el Ministerio Público avanza con pasos firmes pero discretos, reafirmando su compromiso con las víctimas y la legalidad del proceso.
Durante su intervención en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, la fiscal dejó claro que el enfoque no está en declaraciones mediáticas, sino en acciones concretas.
Señaló que ya se han realizado interrogatorios a todas las personas afectadas y que actualmente se trabaja en la recolección de los certificados médicos, una fase que calificó como crítica debido a la magnitud del daño. Más de 230 personas perdieron la vida y cerca de 200 resultaron heridas en un hecho que aún estremece al país.
El dolor de los familiares también se ha canalizado en forma de denuncias. Muchos aseguran que ya había señales visibles del deterioro del local, como desprendimientos del techo, y cuestionan por qué no se actuó a tiempo.
Estas acusaciones han dado paso a más de 40 acciones judiciales contra el propietario del establecimiento, Antonio Espaillat; su administradora, Ana Grecia López; y la empresa operadora Inversiones E y L, S.R.L.
Aunque el empresario ha sido el blanco principal de las críticas públicas, la fiscal no confirmó si será citado próximamente.
Insistió en que cualquier medida se comunicará en el momento procesal adecuado. Mientras tanto, la presión de la sociedad aumenta y el país continúa exigiendo justicia frente a uno de los desastres más impactantes de su historia reciente.
