Intentos recientes por transferir bienes vinculados al caso Jet Set han activado una respuesta inmediata del Ministerio Público, que considera estas maniobras como una posible estrategia para evadir la reparación económica a las víctimas del colapso ocurrido el pasado 8 de abril.
La tragedia, que dejó un saldo de 232 fallecidos y más de 180 heridos durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, continúa bajo escrutinio legal.
En reacción a esta situación, la Dirección de Persecución, dirigida por Wilson Camacho, ha impulsado diligencias procesales contra Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades vinculadas al empresario Antonio Espaillat López, propietario del establecimiento colapsado.
Entre las medidas adoptadas figura la oposición a traspasos de bienes en proceso, con el fin de preservar activos que podrían ser destinados a compensaciones futuras.
Aunque no se investiga a Espaillat por lavado de activos, la Ley 155-17 ha sido invocada como herramienta legal para frenar administrativamente cualquier movimiento financiero o accionario de sus empresas. A la par, se está examinando toda la documentación legal, licencias, seguros, estructura del local y su cumplimiento normativo.
El empresario ha expresado públicamente su intención de colaborar con las autoridades y afirma que sus compañías están disponibles para cualquier requerimiento judicial.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, el ente acusador tiene entre sus funciones la protección de los derechos ciudadanos, el respaldo a las víctimas y la representación del interés público.
El artículo 170 refuerza su autonomía funcional y administrativa, guiada por los principios de legalidad, jerarquía y responsabilidad, lo que le permite actuar con firmeza en este proceso en desarrollo.