Lo que comenzó como una condena por un hecho estremecedor ha derivado en una serie de señalamientos que encienden todas las alarmas.
Desde hace más de un año, circulan denuncias sobre movimientos irregulares dentro de la cárcel de Brieva, donde una interna de alto perfil estaría recibiendo un trato preferencial y realizando actividades prohibidas, según los testimonios filtrados a la madre del niño Gabriel Cruz.
En una rueda de prensa cargada de tensión, una mujer visiblemente afectada aseguró que viene recibiendo amenazas provenientes desde el interior del penal, específicamente de Ana Julia Quezada, quien cumple prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo en 2018.
Patricia Ramírez, madre del menor, relató que le han llegado reportes de que la reclusa cuenta con teléfonos móviles, participa en grabaciones sexuales y estaría vinculada a la producción de un documental desde la prisión.
Entre los datos más delicados, mencionó que a Quezada se le ha escuchado decir que quiere matarla, y que esas palabras fueron pronunciadas delante de otras internas.
También denunció que, a pesar de haber llevado esta información ante autoridades judiciales, organismos penitenciarios y representantes políticos, no ha recibido respuesta alguna. Incluso alertó sobre funcionarios penitenciarios implicados, uno de los cuales es investigado por presuntamente facilitarle un teléfono a cambio de favores sexuales.
La situación ha escalado al punto de incluir llamadas amenazantes de números desconocidos, lo que ya ha sido reportado a la Guardia Civil.
Ramírez insiste en que se siente desprotegida y abandonada por el sistema. Cabe recordar que la interna en cuestión, originaria de República Dominicana y residente en España desde 1995, fue condenada por matar al hijo de su pareja y se convirtió en la primera mujer en recibir una condena de prisión permanente revisable en el país.
Hasta la fecha, no ha cumplido con las indemnizaciones ordenadas tanto a la familia del niño como al Estado.
